A quien interese,

Simplemente quiero manifestar mi más absoluta indignación con la medida anunciada por el gobierno hoy, 27 de marzo de 2020, tras el Consejo de Ministros por el que acuerda prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. 

Me parece una medida insolidaria y contraria al Estado Social que defiendo. Un Estado Social implica repercutir los costes del estado del bienestar entre los agentes económicos en función de sus capacidades. Pero no se puede olvidar que el empresario también es digno de esa misma protección social y que, erróneamente, se vincula de forma inalterable en exclusiva a los trabajadores por cuenta ajena.

No se puede repercutir los costes siempre a los mismos; a las pequeñas empresas que, con mucho esfuerzo personal y profesional, mantienen los puestos de trabajo que ha creado contra viento y marea. No nos engañemos, la mayoría del tejido empresarial español son pequeñas empresas que a duras penas llegan a cubrir los costes empresariales a final de mes. Sobre este particular, hacer las siguientes reflexiones:

1.- En primer lugar, desde mi experiencia, los empresarios no tienen trabajadores ociosos, que no se merecen el sueldo que se les paga y que viven a las expensas del esfuerzo de otros. Los trabajadores no son una carga para las empresas, sino algo absolutamente necesario para su actividad y el motor que hace que una empresa siga funcionando, sea competitiva y eficiente. Pensar que el empresario está deseando encontrar una ventaja indemnizatoria para quitarse de encima a sus trabajadores es un error en el que sólo puede incurrir aquellos (políticos) que nunca han tenido contacto con la realidad empresarial, y que legislan desde el más absoluto desconocimiento del mundo empresarial y el funcionamiento de la economía de mercado. Un empresario que tiene trabajadores los tiene porque los necesita, porque desempeñan su labor en el marco de la actividad empresarial, y a los que ha dedicado un enorme esfuerzo en la formación de éstos para desarrollar la actividad para los que se les contrató. Porque son imprescindibles ahora y cuando pase la crisis sanitaria. Ningún empresario prescinde de un trabajador formado y competente para el trabajo que desarrolla por un avatar circunstancial, por duro que éste haya sido, a riesgo no encontrar a otro trabajador cualificado cuando vengan tiempos mejores. No se engañen, Sres. Políticos, el tejido empresarial español es mucho más sacrificado que los dirigentes que tenemos.

2.- A la crisis sanitaria seguirá, qué duda cabe, una crisis económica. Quizás, la más dura que hayamos conocido en los últimos tiempos. Con el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma, se recuperó también un mecanismo inicialmente adecuado para superar la crisis transitoria, el ERTE, desarrollado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y vigentes en tanto se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, en virtud del artículo 28 del citado Real Decreto-Ley. Este instrumento ya existía, pero la figura parecía acertada aunque insostenible económicamente si la situación se prolongaba en el tiempo. ¿Cómo puede el sistema español soportar las cotizaciones de la seguridad social y las prestaciones a los trabajadores que ven suspendidos sus empleos durante el tiempo que dure la emergencia? En mi opinión, se precipitaron buscando un titular reactivo e impactante en la opinión pública ante una situación realmente alarmante, sin hacer una reflexión sosegada y cabal, como se espera de un Gobierno. No midieron sus consecuencias. Simplemente, adaptaron y aplicaron una solución pensada para situaciones empresariales individualmente consideradas a la generalidad empresarial. Podían haber optado por buscar o crear otras medidas ad hoc, dada la excepcionalidad del escenario, que repartiese la carga social entre empresas, trabajadores y Estado y que fueran sostenibles en el tiempo, para todos. Nos tendrán que explicar qué medidas adoptarán para que la decisión de no hundir a las empresas y trabajadores no suponga hundir a todo un país.

3.- Ahora, se dan cuenta que la medida es insostenible y, según he podido comprobar, se están denegando los ERTEs en base al siguiente argumento genérico (copio literalmente el fundamento de derecho tercero de una de las resoluciones por las que se deniega el ERTE): La fuerza mayor, en cuanto concepto jurídico indeterminado, ha sido definida por la jurisprudencia como un suceso de carácter extraordinario que se produce fuera del contexto interno de la empresa, de carácter imprevisible o que, siendo previsible, es inevitable, y teniendo como consecuencia la imposibilidad de trabajar, ya sea de manera temporal o definitiva. Finalmente, el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, califica de fuerza mayor las suspensiones y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. De la documentación obrante en el presente expediente no ha quedado acreditada la concurrencia de las situaciones expuestas en las medidas acordadas mediante las disposiciones normativas del Antecedente Primero, así como de las aprobadas por la Comunidad de Madrid consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID- 19) en el territorio de la Comunidad de Madrid.

4.- Si se deniega el ERTE, al empresario le queda el despido ante la situación insostenible de la empresa que, por imposibilidad o por responsabilidad se ha visto obligada a cerrar sus instalaciones. Es en este punto dónde entra la medida anunciada hoy. Se prohíbe el despido por fuerza mayor. Pues bien, con ello se cierra el círculo. Se anuncia una medida que, a costa de poner en riesgo la viabilidad económica de un país, alivia a la sociedad de la grave situación generada por la irresponsabilidad de sus gobernantes (a ello volveré más adelante). Acto seguido se deniega sistemáticamente la medida anunciada y se cierra la alternativa empresarial del despido. ¿Quién soporta la incompetencia de sus gobernantes?

En definitiva, la solución que ofrecen es la de siempre. Que lo solucionen otros. En este caso, los empresarios, que deben soportar los costes sociales y las nóminas de sus trabajadores pese a tener paralizada la actividad por necesidad o por responsabilidad, lo mismo me da.

No quiero terminar sin hacer una reflexión dirigida a nuestros gobernantes sobre la situación que asola a nuestro país. No puedo comprender como unos gobernantes, a los que 47 millones de contribuyentes pagamos para que gestionen nuestros intereses y recursos, se vean sorprendidos por una crisis sanitaria que, pese a haberse visto venir desde meses atrás por la experiencia en otros países, no tomaron las medidas necesarias para paliar sus consecuencias.

No me vale la escusa de que no era previsible, que sí lo era. Ni que una vez producida la emergencia sanitaria, era inevitable, que tampoco es cierto. Esta crisis era previsible y evitable. Cosa distinta es que nuestros gobernantes no supieran como hacerlo. No me refiero a la incompetencia, sino a la negligencia demostrada.

Pero lo que más me indigna es que, ante su propia negligencia, la clase política repercuta a la ciudadanía la solución del problema que su falta de previsión y gestión no pudo evitar. Poner de héroes a los sanitarios de nuestro país, que lo son, no reduce ni un ápice su responsabilidad. Mandar a nuestros profesionales sanitarios a trabajar sin dotarles de los recursos mínimos de seguridad personal es, cuanto menos, temerario. No les hacen la prueba de CORONAVIRUS, cuando se relacionan a diario con infectados, no tienen el material necesario para evitar contagios, no …. No les facilitan nada, solo les aplauden y los animan para que vuelvan al día siguiente a enfrentarse a otro posible contagio, si es que no lo estuvieran ya. No tiene perdón ni justificación. No me vale a excusa de que no hay test para todos. Su obligación es que los hubiera, y esa era y es su responsabilidad. A un político se le debe exigir mucho más que a un ciudadano, por que vive de ellos y para ellos. Si no es así, dedíquense a otra cosa.

Mención aparte, y lo conozco bien, es lo que está pasando en las residencias de mayores ¿Tampoco hay test para los trabajadores de residencias? Son conscientes que un infectado no detectado supone un altísimo riesgo de fallecimiento de la mayoría de los residentes. Claro que son conscientes, como no lo van a ser. Pues sólo se hace el test al que tiene síntomas y, para qué, si ya tiene los síntomas. La importancia del test está en detectar al que lo tiene pero no lo manifiesta y que es el foco ignorante de propagación que ha hecho que lleguemos a donde estamos.

Por otra parte, que ante un positivo en el congreso decidieran hacer la prueba a todos los diputados, no dice mucho a su favor, la verdad. ¿En este caso si era necesario? Huelga comentario mayor al respecto.

En resumen, mi más absoluta decepción sobre la gestión de la crisis. Tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Saldremos de esta, estoy seguro, pero como siempre, con el esfuerzo de la sociedad y no por la gestión de nuestros dirigentes. Por el camino dejaremos atrás a personas, empresas y la economía de un país, que es el precio que debemos pagar por tener a unos negligentes políticos que no nos merecemos, pero que son los que tenemos.

Saludos, y muchas gracias por la atención prestada

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