La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estableció a quién correspondía el pago de gastos de tasación, aranceles (notarial y registral) y gestoría de las hipotecas. Aplicando la normativa de protección del consumidor, declaró la nulidad de aquellas cláusulas que, sin haber sido negociadas, trasladaban sin más todos estos costes al cliente. La polémica surgió con el impuesto de apertura del préstamo (impuesto de actos jurídicos documentados) con decisiones contradictorias del Alto Tribunal que el Gobierno zanjó modificando la ley y señalando como obligado tributario al banco desde el pasado 10 de noviembre.