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La Abogacía rechaza por su ineficacia la habilitación del mes de agosto en los juzgados y tribunales
El Consejo General de la Abogacía Española, integrado por los distintos Consejos Autonómicos, los 83 Colegios de Abogados de España y la Confederación Española de la Abogacía Joven, representados por los Decanos y Decanas, Consejeros y Consejeras reunidos en el Pleno Extraordinario celebrado el día 26 de abril, ha acordado:
1º. Manifestar y reiterar el compromiso de la
Abogacía en la defensa de los intereses de la sociedad española en estos
momentos tan difíciles derivados de la crisis del COVID-19, en los que las
consecuencias económicas van a exigir redoblar los esfuerzos para conseguir la
reactivación de la Administración de Justicia en el menor tiempo posible.
Reiterar su inquebrantable compromiso con la sociedad
en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, que
por mandato constitucional ostenta y ejerce los 365 días del año las 24 horas
del día.
Esta importante responsabilidad, se ha visto
ratificada con la declaración del estado de alarma, desempeñando sin tacha las
funciones que las autoridades le ha encomendado en las sucesivas resoluciones
dictadas al amparo de aquél, como es expresivo el normal desarrollo del
servicio del turno de oficio y de las asistencias declaradas urgentes.
Como interviniente de excepción y leal cooperador de
la Administración de Justicia, la Abogacía española ha formulado las
alegaciones que le fueron requeridas por el Ministerio de Justicia (20 de
abril) y el CGPJ (14 de abril), para la recuperación de la normalidad en la
actividad de los juzgados. El momento exige, no solo compromiso, sino acierto
en la implementación de una vuelta escalonada que evite el colapso del sistema
judicial.
2º. Manifestar y reiterar públicamente el rechazo y
oposición de la Abogacía a las medidas que resultando ineficaces perjudiquen a
la buena marcha de la Administración de Justicia y resulten lesivas para el
ejercicio del derecho de defensa.
Como ya ha manifestado este Consejo con anterioridad,
declarar hábil el mes de agosto, en todo o en parte, lejos de contribuir a
normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda,
una mayor distorsión. Difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si
coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de
la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se
extendería antes y después del mes de agosto.
Esta habilitación tendría en la práctica un efecto
contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales
ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que
probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc.
Para conseguir el efecto que se pretende, la Abogacía
propone concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la
Justicia en el mes de agosto, a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de
modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los
meses de julio y septiembre.
La abogacía defiende que cualquier medida dirigida al
perfeccionamiento y eficacia de la Justicia, como todos anhelamos, requiere de
la unidad y del consenso de la experiencia compartida de todos los sectores
profesionales que trabajamos con un objetivo común cuál es la dignificación de
la Justicia.
Solo desde la colaboración entre instituciones, en la forma en la que lo hemos venido haciendo durante el estado de alarma, como se ha demostrado, se pueden alcanzar los objetivos comunes de normalización y recuperación de la actividad judicial, en la que la Abogacía viene a desempeñar un papel esencial.
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