La Abogacía, es una profesión multisecular, dedicada a la defensa de los derechos e intereses jurídicos de los ciudadanos, cuya evolución discurre en paralelo a la del reforzamiento de los derechos y libertades. Su íntima conexión con la libertad y el derecho de defensa en nuestra Constitución así lo atestiguan; como también lo hace la labor de servicio público que toda la organización colegial y los profesionales de la Abogacía cumplen en el sistema de asistencia jurídica gratuita que, partiendo del artículo 119 de la Constitución, regulan la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y sus normas de desarrollo. La Abogacía es pieza esencial en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado –el Poder Judicial– y en la satisfacción del derecho fundamental a obtener tutela judicial efectiva, lo que acredita la relevancia constitucional de los intereses públicos involucrados en su ejercicio.

La Guía de buenas prácticas, se presentó como documento dinámico y abierto sujeto a actualizaciones y revisiones por no agotar todas las posibilidades y supuestos que pudieran presentarse en una sede judicial. En sesión de 14 de mayo de 2020 la Comisión Permanente aprobó la 1ª actualización del Protocolo de actuación para la reanudación de la actividad judicial y salud profesional. Su objetivo era marcar criterios generales para los órganos de gobierno del poder judicial tanto en el ámbito de competencias como de coordinación de actividades de prevención con las Administraciones prestacionales, a la vez que servir de guía a las Comisiones de Seguimiento territoriales en los cometidos correspondientes a dicha materia.