Con el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, crea la figura de ERTE por fuerza mayor parcial y prorroga las medidas de suspensión y reducción de jornada hasta el 30 de junio si persiste la imposibilidad de reiniciar la actividad, y sin perjuicio de nuevas prorrogas.

 Por otra parte permite que, aquellas empresas que presenten un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo tramiten antes del 30 de junio, se beneficien de las medidas previstas en el artículo 23 del RDL 8/2020 de simplificación y reducción de plazos (https://bit.ly/2Z3hD88).

 Por último, mantiene el compromiso de mantener el empleo en el plazo de seis meses desde la reanudación de la actividad (y no desde el cese del Estado de Alarma) y sólo a las empresas que hayan obtenido el ERTE por fuerza mayor, sin que este compromiso obligue a las empresas que hayan tramitado el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (disposición adicional 6ª). En caso de incumplimiento de este compromiso, las empresas deberán devolver la totalidad de las cotizaciones exoneradas, con el recargo e intereses de demora que correspondan.

Comunicación Poder Judicial 11 de Mayo de 2020

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy los criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación de la actividad judicial por las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que incluyen las actuaciones que pueden llevarse a cabo durante la vigencia de la suspensión de plazos procesales y administrativos y las recomendaciones a seguir una vez que se levante esa suspensión y, en consecuencia, se reactive plenamente la actividad jurisdiccional.

El acuerdo tiene como finalidad homogeneizar los criterios de aplicación de determinados aspectos contenidos en el “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional” y en la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales” aprobados por la Comisión Permanente el pasado 29 de abril, así como de otros previstos en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.