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Lunes, 01 de Junio de 2020 12:11
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El lunes 1 de junio de 2020 El Diario Cinco días ha publicado un artículo  en el que se señala que "la crisis ha hecho que muchos despachos se replanteen si son necesarias sus grandes y costosas sedes. En el Reino Unido, por ejemplo, Slater & Gordon ha anunciado que cerrará su oficina en Londres y mandará a su plantilla (más de 200 personas) a teletrabajar de forma permanente. El bufete, según Law.com, planea asentarse en un espacio más pequeño que utilizará para reuniones con clientes. En España, aunque aún no se ha hecho público ningún movimiento de esta envergadura, algunos despachos están aprovechando para renegociar sus arrendamientos. Otros, directamente, ya están buscando sedes más baratas"


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Martes, 26 de Mayo de 2020 07:37
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Guía práctica sobre todas las cuestiones que pueden afectar a un abogado en su ejercicio en relación con el COVID-19 (cuestiones fiscales, movilidad, arrendamiento de despacho, ayudas, aspectos procesales, etc.). 

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Martes, 26 de Mayo de 2020 07:28
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Artículo publicado en OTROSÍ.NET por Alejandro Fuentes-Lojo Rius. Socio de Fuentes Lojo Abogados. Vocal de la Comisión de Codificación de Cataluña sobre “Nuevas medidas legales en contratos de arrendamientos de uso distinto de vivienda y de industria”

 (…) De esta forma el Gobierno trata de dar cobertura normativa no solamente a quienes se hayan visto obligado a suspender su actividad en el local arrendador, también a quienes no estando afectados por dicha suspensión, les resulte excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato a resultas de las medidas adoptadas por el estado de alarma, como puede ser el caso de arrendamientos de oficina para el ejercicio de una profesión. Nótese que en este segundo caso estamos ante un riesgo inherente a la actividad económica del arrendador que es ajeno a la base contractual del contrato de arrendamiento de finca urbana (riesgo extra rem). Por el contrario, respecto de los contratos de arrendamiento de industria – que también forman parte del ámbito objetivo de la norma, sí que estamos ante un riesgo que, conforme a la naturaleza del contrato, cae dentro del mismo, afectando a la base del mismo, pues en estos últimos el objeto arrendado no es solamente la finca, también el negocio que se explota en ella.

Esta distinción teórica es clave para comprender cómo debe realizarse el reparto de riesgos derivados de las medidas adoptadas por el Gobierno con motivo de la crisis sanitaria según la naturaleza contractual en la que impactan dichos riesgos, y en última instancia, para analizar la viabilidad de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en cada caso, pues uno de los requisitos jurídicos para la aplicación de esta figura jurisprudencial consiste en que la incidencia del cambio de circunstancias debe ser relevante o significativo respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado. En palabras del Tribunal Supremo en Sentencia nº333/2014, de 30 de junio se da “cuando resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad el mismo), como cuando represente una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato).” (…)

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Lunes, 25 de Mayo de 2020 15:11
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para la transposición de la Directiva europea conocida como DAC 6. Esta norma comunitaria establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como planificación fiscal agresiva y que se produzcan en el ámbito internacional. Publicado en Actualidad del ICAM.

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Lunes, 25 de Mayo de 2020 14:23
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Artículo publicado por El Derecho-Lefebvre, con el objetivo de hacer una reflexión es una de esas normas integradas en el denominado "plan de choque” para agilizar la justicia “post COVID”: el artículo 15.1 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, por el que se establece que: 

Artículo 15. Enajenación de la masa activa.

1. -En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa

2.- Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior la enajenación, en cualquier estado del concurso, del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, que podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

3.- Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realización directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.

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